Gastos x Financiación Social
Según sentencia
705/2015 de 23 de diciembre, se declaró nula las cláusulas que atribuían a los deudores el pago de todos los
gastos e impuestos en la formalización de operaciones hipotecarias.
La Sala 1ª del Tribunal Supremo, el 23-01-19, dictó cuatro sentencias
fijando doctrina en las llamadas cláusulas abusivas
en contratos a consumidores. Tres años después de lo dictado por la Directiva
europea 2014/2017, fue publicada en el BOE la Ley 5/2019 reguladora de los
Contratos de Crédito Inmobilario, imponiendo al prestamista la
obligación del pago de la notaría, registro, gestoría e ITP-AJD y
al prestatario, la tasación y su copia simple.
La
misma Ley, en su artículo 2, apartado 4, a) legisla
que:
4. Esta Ley no será de aplicación a los contratos de préstamo:
a) concedidos por un empleador a sus empleados, a título accesorio y sin
intereses o cuya Tasa Anual Equivalente sea inferior a la del mercado, y que no
se ofrezcan al público en general.
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Como trabajadores del sector financiero, la Ley legisla que
dadas las
condiciones financieras especiales y más beneficiosas que conlleva la
financiación social respecto de las condiciones de mercado (…) los gastos
derivados del otorgamiento e inscripción del préstamo hipotecario, así como la asunción
de los impuestos derivados de la constitución de los préstamos hipotecarios que
se concedan dentro del ámbito de la Financiación Social, será asumidos por la
parte deudora, en nuestro caso concreto, por los trabajadores de Cajamar.
En
resumidas cuentas, los compañeros que a partir de ahora soliciten financiación social con garantía
hipotecaria tendrán que pagar los gastos e impuestos mientras qué a los
clientes, se los pagará la propia Caja. Suena ridículo que aquellos que tienen que hacer el trabajo para
contratar el mayor número posible de operaciones hipotecarias, así como la
venta de inmuebles para sanear el Activo, deban pagar todos los gastos e
impuestos en la compra de sus propias viviendas mientras que los clientes a los
que se capta, no.
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Con la Ley en la mano, la Caja obra legalmente,
pero parece inmoral pasarle la factura a los trabajadores
que se bregan con todo tipo de clientes a los cuales la propia Caja SI les paga
sus gastos e impuestos. Una vez más nos vienen a la cabeza esos discursos
grandilocuentes (y con las pruebas, falsos) de la dirección de la
entidad en busca del compromiso, de trabajar en común, de colaborar, de
mejorar el clima laboral en pro de la mejora de los ratios, para una vez tras
otra, ser los trabajadores los que nos llevamos la pedrada en
la frente. Repetimos una vez más:
-
Sistema retributivo
de mínimos, desmotivador, con unas tablas salariares risibles. El dato:
la aplicación de la actualización de 2019 solo afecta favorablemente a 45 de
los 750 empleados de nuestra DT.
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Sistema de incentivos,
ínfimo, teledirigido por ese engendro
incomprensible creado para responder a la pregunta clave que la dirección hace.
¿Cuántos Menos
Incentivos?. CMI.
-
La negativa a pagar a los trabajadores la más que merecida Paga
de Beneficios.
-
La doble cara del Cultiva que se usa de forma
perniciosa para justificar cualquier cosa.
La metralla
de la formación, dejando sangre, sudor y
casi lágrimas a su paso. Medios informáticos caducos. Incumplimiento
habitual de los acuerdos cuando a la Caja le toca gastar (por
invertir) euros en sus trabajadores. DesIgualdad galopante.
Racaneo de los gastos por kilometraje y de la bolsa de
vacaciones. Peligra la jornada y horarios con la aberración
de las oficinas de horarios singulares.
Con
el sobrecoste que conlleva el pago de gastos e impuestos, a muchos compañeros no les va a compensar económicamente la financiación social, sería
más rentable hacerlo como no social. Pues tampoco. La Caja, que
quiere estar a las tortas y
a las tajadas, sigue exigiendo que la financiación para
adquisición de vivienda se tramite como financiación social por los efectos
fiscales positivos para la Entidad vía SU Impuesto de Sociedades,
condenando a los trabajadores a préstamos onerosos dado que deben pasar entre 8-10 años para que el impacto de la factura de los
gastos e impuestos sean absorbidos por las tarifas sociales.
Y esta doblez
raya en la mala fe. Con los bajos tipos de intereses, a
más de un compañero le va a interesar más contratar su hipoteca con la
competencia. Y esto ya sería el culmen
del ridículo de una dirección de la entidad que lleva años dando la espalda a
su Plantilla.
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Reiteramos,
es legal, pero como creemos que es inmoral y desmotivador, solicitamos a la dirección de la entidad la apertura de una mesa de
negociación para abordar este asunto. Opciones hay:
-
La opción primera y más lógica, si lo
que realmente quieren como dicen es tener una
plantilla comprometida y alineada con los objetivos de la entidad es que la Caja asuma, como al resto de los clientes, los gastos e
impuestos derivados de la financiación social.
-
Habría más opciones como modificarse
la financiación social y formalizarse en contrato privado, sin realizar carga
hipotecaria ni firma en notaría, etc., aunque leído el punto uno, todo lo demás
es ocioso.
UGT,
como sindicato, está analizando y valorando con sus servicios jurídicos la interposición
de recurso a la propia Ley dado que creemos existe una clara discriminación
para los trabajadores del sector financiero. Mientras tanto, ¿compromiso?,
que lo demuestren. Esperamos
predisposición y respuestas. Hasta entonces, recuerda…
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